Guatemala tiene una de las historias recientes más violentas del mundo. Miles de personas fueron perseguidas, asesinadas y forzosamente desplazadas en el conflicto armado interno que definió al país desde 1960 hasta la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. El despojo de tierras y desplazamiento forzado, sin embargo, no comenzó ni terminó ahí. 

La colonia y la construcción del estado post-independencia ya habían preparado el camino para los problemas generalizados de tenencia de tierra que caracterizan al país. Las Comunidades Indígenas han padecido esta violencia con particular intensidad, y muchas continúan peleando el reconocimiento jurídico de las tierras que habitan y trabajan.

La región de las Verapaces, como se le llama a los departamentos de Alta y Baja Verapaz, en el norte del país, es una de las que tienen más problemas de tenencia, acceso al territorio y regularización de derechos en todo Guatemala. También son departamentos con altos índices de pobreza: el 83.3% de la población de Alta Verapaz, y el 66.3% de Baja Verapaz.

Poder trabajar la tierra con estabilidad y eficiencia es crucial para garantizar la seguridad básica de la mayoría de las personas que habitan esta región.

Por ello, tres Comunidades Indígenas, todas con procesos de reconocimiento de sus tierras, han tomado acciones para consolidar su arraigo en el territorio y mejorar su calidad de vida. Con la asistencia técnica de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), el acompañamiento del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI) y el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), a través de su Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas (IPAF), se planteó un proyecto que busca el desarrollo agrícola integral, para reforzar la soberanía y seguridad alimentaria de estas comunidades.

“La pobreza extrema es nuestro principal problema”, cuenta Adrián Cal Gualim, agricultor de la comunidad Baleu, una de las participantes en el proyecto, situada en el municipio de San Cristóbal Verapaz del departamento de Alta Verapaz. Adrián Cal, como la mayoría de pobladores del municipio, pertenece a la Comunidad Indígena Maya Poqomchi’; es decir, son habitantes ancestrales del norte guatemalteco. Según datos del UVOC, el 76.84% de las personas del municipio vive en pobreza y el 29.31% en pobreza extrema. En Baleu viven 22 familias que estaban acostumbradas a sembrar casi exclusivamente maíz y frijol.

“Queremos tener nuestros propios cultivos y hacerlos llegar a las comunidades más afectadas”, continúa Adrián. Para este agricultor, el proyecto ha traído valiosos conocimientos que han aportado mucho a la calidad de vida de su comunidad. Sobre todo, han podido ampliar la variedad de productos que siembran. Al maíz y al frijol se han sumado cultivos como la cebolla, el tomate, el apio y el chile, que no se sembraban antes. Además de mejorar su dieta, les da más productos para vender después del autoconsumo. El entusiasmo por mejorar la alimentación explica las ganas que tiene Adrián de ampliar el proyecto hacia otras comunidades.

María Cahuec, representante del grupo de mujeres de Mocohán, otra de las comunidades beneficiadas, también expresó su entusiasmo por participar en el proyecto. “Nos alegró en medio de la pandemia. Nosotros, en esos momentos, teníamos las cebollas y el apio. Con eso pudimos mantener a nuestras familias”, dijo.

Mocohán, como Baleu, es una comunidad Poqomchi’ situada en el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz. Este municipio carga con un índice de pobreza extrema incluso mayor: 31.1%.

Ampliar la diversidad de cultivos no ha sido el único resultado del proyecto. Por ejemplo, se impartieron talleres sobre el uso de abonos orgánicos, para reducir la aplicación de químicos que dañan la tierra. “Esto nos ayuda a enriquecer nuestros cultivos”, dice Adrián, mientras explica los aspectos técnicos de la producción de abono de lombrices. Otras actividades incluyeron talleres sobre la técnica de riego por goteo y la creación de viveros para fomentar la producción de plantas medicinales y frutales.

Adrián y María afirman que el proyecto también ha fomentado lazos de cooperación entre las comunidades que participan, como con Guaxpom, comunidad Maya Q’eqchi’ del municipio de Tucurú, departamento de Alta Verapaz. Este municipio tiene el índice de pobreza extrema más alta de las tres comunidades participantes: 49%.

La lucha jurídica por la tierra sigue vigente. Las tres comunidades aún esperan que les devuelvan sus tierras y su derecho oficial a trabajarla. Las consecuencias de las disputas constantes contra finqueros, terratenientes y el Estado han sido la disminución de la soberanía y seguridad alimentaria de la región. Ahora, con acceso a nuevos alimentos y técnicas para mantener a sus comunidades, se construyen caminos hacia un mejor futuro.